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Estado de la libertad de expresión en Colombia


FLIP- Informe de primer semestre de 2009
Amenazas e interceptaciones ilegales: principales flagelos contra la libertad de prensa


La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó el informe semestral sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia durante el período comprendido entre enero y junio de 2009.


El informe señala los siguientes flagelos como los de mayor repercusión negativa contra el derecho a la libertad de expresión: las amenazas, las interceptaciones ilegales, los problemas impuestos por las instituciones para el acceso a la información, la estigmatización de los periodistas por parte del gobierno y la censura indirecta.


Durante el periodo estudiado, se llevaron a cabo 90 violaciones a la libertad de prensa. Ello conllevó 138 víctimas. Las zonas del país más afectadas fueron Bogotá (30 casos) los departamentos del Valle del Cauca (11), Atlántico (5), Córdoba (5) y Huila (5).

Los principales agresores de la prensa identificados en el informe son los siguientes: En primer lugar, los de origen desconocido (29 casos); en segunda instancia, los funcionarios públicos (26); en tercera posición, la fuerza pública (14) seguida de los particulares (9), los paramilitares (8), Las Farc (2) y, por último, los narcotraficantes (2).

El informe enfatiza en la incidencia de las interceptaciones del DAS en la coartación de la libertad de prensa. Varios periodistas de renombre han sido objeto de espionaje por parte de la institución estatal mencionada. En el estudio se profundiza en el caso de quince de ellos. Los de mayor relevancia son Hollman Morris, director del programa Contravía, Daniel Coronell, director de Noticias Uno, Norbey Quevedo, editor de investigaciones de El Espectador, Alejandro Santos, director de Semana, Salud Hernández, columnista de El Tiempo, Félix de Bedout, periodista de W Radio, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio y Darío Arizmendi, director de Caracol Radio.

Las estigmatizaciones por parte de los funcionarios del gobierno también son señaladas como factor de consideración en el informe, puesto que pueden convertirse en un obstáculo para que los periodistas ejerzan libremente el derecho fundamental a la libertad de expresión, así como puede ocasionarles inconvenientes de seguridad por parte de terceros.

También se reseñan casos específicos como las constantes amenazas de que son objeto los periodistas en Barranquilla. Se exponen las denuncias de José Granados Fernández, editor de Investigación y Judiciales del diario El Heraldo (amenaza de muerte), Luis Camacho Montaño, coordinador general del diario La Libertad  (asalto) y Daniel Castro, periodista del periódico Sol (amenaza).

Otras denuncias señaladas conciernen a las amenazas de las Farc contra la prensa en Arauca, los asaltos a las residencias de periodistas por buscar información y los procesos judiciales contra medios y profesionales de la comunicación.

El informe semestral condena el asesinato de tres periodistas durante el primer semestre del año. A saber: 1) José Everardo Aguilar, corresponsal de Radio Súper y periodista de Bolívar Estéreo, asesinado el pasado 24 de abril. 2) Hernando Sala Rojas, director del canal local de televisión del municipio de Curillo, departamento de Caquetá. Asesinado el 20 de mayo de 2009. 3) María Eugenia Guerrero, colaboradora de la emisora ‘Integración Estéreo’ de la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño, asesinada el 5 febrero de este año.

Por último, se presenta una sección especial enfocada en la libertad de prensa en el Huila destacando la situación de este derecho en las zonas sur y norte del departamento, y los problemas para acceder a la información y la autocensura en la región.

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